COMENTARIO DEL PROPONENTE:

1ª consulta. Son dos las posturas que se mantienen:

1ª.- Sí es posible formalizar la adjudicación del inmueble por cuotas, como situación transitoria hasta la futura individualización de los inmuebles legados.

Se argumenta que, no sólo es posible, sino especialmente aconsejable, dado que, tras la inscripción registral del legado cuotal, el bien queda sustraído a la eventual acción de los acreedores que mantuviere el causante. En caso contrario, la finca podía verse expuesta a un embargo que obligaría a los legatarios a interponer la correspondiente tercería de dominio.

1ª.- No es posible convertir los prelegados de cosa cierta y determinada en prelegados de parte alícuota.

Se aduce que hasta que se obtenga la autorización administrativa o se acredite su imposibilidad no se sabrá si el legado tiene o no efecto, y, por tanto, si debe o no refundirse en la masa de la herencia (artículo 888 CC).

Explican los autores que defiende este punto de vista que los prelegados así establecidos lo son de “eficacia real” (per vindicationem), lo que implica la atribución a los prelegatarios, desde la delación y de forma directa y exclusiva, de la propiedad del bien objeto del legado (artículo 882 CC).

La atribución de cuotas indivisas implica compartir por dos o más personas, de forma conjunta y concurrente, la propiedad sobre un mismo bien. Por esta razón, cualquier carga o gravamen que afectara a la cuota de uno de los legatarios incidiría también sobre el objeto perteneciente al otro; es decir, sobre un inmueble que por ley es propio del legatario no deudor desde la muerte del causante. Dicho causante no ha querido la concurrencia dominical de los legatarios sobre la finca; sino la atribución específica a cada uno de ellos de las viviendas que la integran, lo cual excluye a dicho inmueble de cualquier comunidad hereditaria u ordinaria.

2ª consulta. Aun negando su carácter de derecho real, la Dirección General ha admitido en dos ocasiones la inscripción de la cesión inter vivos (R. de 17 de enero de 1933) y mortis causa (R. de 19 de abril 1922) de la condición resolutoria.

La R. de 19 abril de 2022 lo explica en estos términos: “(…) Y lo que conlleva su acceso registral no es su conversión en derecho real, pues la inscripción, como ha sido siempre criterio unánime en doctrina científica y jurisprudencia, no posee un efecto taumatúrgico de convertir en real lo personal, sino que lo único que le atribuye es la eficacia frente a terceros, conforme al artículo 11 de la Ley Hipotecaria. Así, lo que se inscribe no adquiere por ello la condición de derecho real, provocando el ejercicio de tal derecho potestativo tan solo una revocación real de la propiedad de la finca vendida (…) La inscripción registral de la condición resolutoria explícita tan solo provocará la aplicación de los principios y reglas hipotecarios, pero nada más: publicidad registral, tanto en su dimensión negativa (inoponibilidad de lo no inscrito), como en la positiva (oponibilidad de lo inscrito); el principio de fe pública registral (presunción de integridad y exactitud del contenido de los asientos); principio de prioridad y preclusión. Por tanto, las consecuencias que produce dicha inscripción registral son comunes a cualquier título contractual que acceda al Registro (un arrendamiento como ejemplo paradigmático), y que no conlleva su conversión en derechos reales por ser inscribibles, ni que su naturaleza jurídica se vea alterada y transmutada en un derecho de aquel tipo por mor de la inscripción”.

3ª consulta. No puede ser. La R. de 26 de julio de 2024 señala que la comunidad de bienes no puede ser titular registral al carecer de personalidad jurídica, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 RH, afirmación ésta que no queda desvirtuada por la existencia de un NIF diferenciador entre comunidad y comuneros, que produce sus efectos en el campo fiscal, pero sin que por ello se alteren las normas sustantivas contenidas en el Código Civil. Por esa razón, la inscripción tiene que practicarse a favor de los comuneros, por cuotas.

4ª consulta. Hay que partir de las siguientes pautas jurídicas

1ª.- Son varios los preceptos del Código Civil de los que se infiere que en el ámbito del régimen de gananciales el carácter del bien viene determinado, con preferencia al de la naturaleza de la contraprestación, por el criterio que atiende al origen o procedencia privativa o ganancial del derecho que fundamenta la adquisición, sin perjuicio del coetáneo nacimiento del derecho de rembolso a cargo del patrimonio favorecido (artículo 1358 CC).

2ª.- Este criterio se fundamenta y apoya en la dicción y espíritu del apartado 4.º de los artículos 1346 y 1347 CC, que atribuyen carácter privativo o ganancial a los bienes adquiridos por derecho de retracto de carácter privativo o ganancial, aun cuando lo fueran con fondos de carácter contrario, o del artículo 1352 CC cuando considera privativas las nuevas acciones u otros títulos o participaciones sociales suscritos como consecuencia de la titularidad de otros privativos (sin perjuicio del correspondiente reembolso, en su caso), y la doctrina lo extiende a todo supuesto de adquisición preferente, o de adquisición que se derive de una previa titularidad. Por analogía iuris, este criterio no sólo se ha seguir en los supuestos estrictamente citados en dichas normas (retracto y derecho de suscripción preferente), sino que se debe de aplicar a toda adquisición proveniente del ejercicio de cualquier derecho de adquisición preferente, como el derecho de tanteo u opción.

3ª.- Cabe recordar que disuelta la sociedad de gananciales y aun no liquidada surge una comunidad –“posmatrimonial” o “postganancial”– en la que no corresponde a los cónyuges individualmente una cuota indivisa de todos y cada uno de los bienes que la integran y de la que puedan disponer separadamente, sino que, por el contrario, la participación de aquéllos se predica globalmente respecto de la masa ganancial en cuanto patrimonio separado colectivo, en tanto que conjunto de bienes con su propio ámbito de responsabilidad y con un régimen específico de gestión, disposición y liquidación, que presupone la actuación conjunta de ambos cónyuges o sus respectivos herederos, y solamente cuando concluyan las operaciones liquidatarias, esta cuota sobre el todo cederá su lugar a las titularidades singulares y concretas que a cada uno de ellos se le adjudiquen en las operaciones liquidatorias.

Una vez llegados a este punto, surge la duda sobre si es necesaria o no la previa liquidación de la masa ganancial para que la finca adquirida lo sea por mitades indivisas.

Algunos autores creen que sí, ya que la comunidad “postganancial” constituye un patrimonio colectivo, con cierta autonomía o separado y en liquidación, por lo que se entiende que actúa el principio de subrogación real para dar cumplimiento de los fines liquidatorios que le son característicos. Pueden ingresar bienes en dicho patrimonio si no son incompatibles con esa finalidad liquidatoria; y por aplicación de ese principio de subrogación real el patrimonio en liquidación se incrementará con los frutos. Añaden que la consideración de que se adquiere en copropiedad ordinaria puede comportar el perjuicio de los derechos de los acreedores de la sociedad de gananciales.

Por el contrario, la R. de 25 de julio de 2018 no apreció inconveniente alguno, con base a la autonomía de la voluntad y sin perjuicio del crédito que surge a favor de la comunidad “postganancial”. De forma añadida, señala que esa manifestación expresa de los partícipes comporta una implícita liquidación material respecto del bien en cuestión mediante un desplazamiento patrimonial cuya causa negocial es la propia liquidación de la masa ganancial.